Escala conflicto en torno a texto que modifica decreto de racionamiento: Acenor acude a Contraloría por mecanismo de diésel

El nuevo decreto preventivo de racionamiento eléctrico que presentó el gobierno, el cual extiende el actual texto que vence el 31 de marzo hasta el 30 de septiembre, sigue rodeado de cuestionamientos.

El mecanismo para asegurar el suministro de diésel no logra convencer e incluso Generadoras de Chile advirtió a este medio en enero que “existen serias dudas sobre si el contenido del mecanismo propuesto por este gobierno tiene suficiente sustento legal”. 

Desde ese entonces, la modificación del decreto ha seguido su trámite y finalmente ingresó a Contraloría General de la República el 31 de enero.

Pero, mientras se espera ese análisis, el conflicto escaló. El 9 de febrero la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) presentó un escrito al Contralor solicitando un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad del texto en cuestión al adolecer de “diversos vicios de legalidad que requieren ser enmendados por la autoridad competente”.

Según plantea el gremio en el documento al que tuvo acceso DF, el Ministerio de Energía “se separa de los fines regulatorios del racionamiento, que apuntan a incentivar a las propias empresas de generación a que adopten medidas que eviten o mitiguen los déficits de generación; y ‘socializa’ tales responsabilidades, al poner a cargo de las empresas que efectúan retiros el deber de remunerar los costos fijos inherentes a la provisión del ‘diésel de seguridad’, pudiendo configurarse un vicio de ‘desviación de poner’.

Es decir, se alude a que se estaría utilizando el decreto para implementar un mecanismo que debería estar establecido en la ley. 

Las razones

En el escrito de 28 páginas se sostiene que, por medio del mecanismo de “diésel de seguridad”, se establece un beneficio para ciertas empresas (las generadoras de diésel) y un gravamen para otras (las que realizan retiros del sistema), sin contar con la autorización legal para ello, “lo que implica una discriminación arbitraria en materia económica prohibida por la Constitución”.

Según recalca Acenor, la implementación del “diésel de seguridad” implica la asunción por las empresas suministradoras de energía de una serie de costos adicionales que, mediante diferentes canales, terminarán siendo traspasados a clientes finales.

Se agrega que este mecanismo instaura un sobrecosto al suministro eléctrico que se traspasa a clientes eléctricos no regulados mediante “mecánicas contractuales establecidas en los contratos de suministro vigentes”, y también podrá ser traspasado en el corto plazo a nuevos contratos con clientes libres y con clientes regulados.

“El mecanismo terminaría siendo asumidos por el conjunto de los clientes eléctricos”, se enfatiza.

Por esto, se pide que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad del texto, “ordenando las medidas que en derecho correspondan con el fin de que dicha norma se ajuste a las exigencias constitucionales, legales y reglamentarias aplicables”.

Acenor tuvo a inicios de enero reuniones con las autoridades cuando se conoció que se quería impulsar un mecanismo como el que está establecido hoy. Si bien hubo ajustes, lo esencial se mantuvo. Así, tras un análisis, se decidió como asociación presentar este escrito.

Medida histórica

Consultado por la acción emprendida ante la Contraloría, el director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, asegura que están conscientes de la situación de estrechez eléctrica gatillada principalmente por la sequía y que esto obliga a tomar medidas, pero -a su juicio- siempre tiene que estar dentro de una estrategia integral y no a través de acciones aisladas.

Bustos asegura que la implementación del mecanismo para garantizar el diésel, el cual es inédito y no tiene parangón en la historia del sector eléctrico, “requeriría que estuviera establecido dentro del marco legislativo actual y no que esté incluido dentro de un decreto de racionamiento”. 

Además, advierte que “genera un sobrecosto para el sistema eléctrico que terminan asumiendo los clientes eléctricos”.

“Estamos haciendo estudios para tener una sensibilidad de cuánto puede ser este sobrecosto, pero hasta el momento las estimaciones que tenemos es que serían montos significativos y que finalmente lo que hacen es que esta medida no sea una medida costo-efectiva ni costo-eficiente que efectivamente resuelva el problema de fondo”, explica.

Según recalca, “este mecanismo se introdujo en el decreto, pero sin que se conociera una evaluación de costos y de alternativas”.

Sobre las expectativas en la Contraloría, el dirigente espera que se analice la solicitud y que el Ministerio pueda reconsiderar el mecanismo, modificando el decreto antes que se tome razón.